El Niño: Más de 3 millones de personas están en riesgo muy alto ante inundaciones y huaicos​

La Libertad, Lambayeque, Piura, Lima e Ica son las más vulnerables a desastres, y suman 764.838 viviendas expuestas. Expertos advierten sobre la responsabilidad de varios actores en la gestión y prevención del riesgo de desastres.​

En el Perú, la presencia del fenómeno de El Niño ha sido una constante en variadas intensidades. En el último siglo, los eventos más fuertes se dieron en 1983, 1998 y 2017, en los que –sumados– fallecieron más de mil personas y quedaron destruidas cerca de 416 mil viviendas. Para este 2023, con la antesala del calentamiento del mar, las precipitaciones y los huaicos, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta sobre una nueva llegada.

En lo que va de los desastres producto de las lluvias recientes, más de 70 personas han perdido la vida y 2.525 viviendas se han caído o desaparecido por completo. Si consideramos el riesgo muy alto por la ubicación de casas al margen de ríos o laderas de cerros, son 786.524 los inmuebles expuestos a inundaciones en contexto de un fenómeno de El Niño. En cuanto a movimientos en masa o huaicos, son 697.907 las viviendas en peligro.



De acuerdo con cifras analizadas por ECData y proporcionadas por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), actualmente hay un promedio de 3′167.281 de personas altamente vulnerables a anegación. Si solo consideramos huaicos, el número es de 2′477.959.



En el país existen 91.435 locales educativos reconocidos por el Ministerio de Educación. Sin embargo, el 5% –es decir, 4.491– podría verse gravemente afectado en caso de El Niño debido a la zona en la que están edificados. Este problema se repite en el caso de establecimiento de salud. Un total de 838 tiene mayor exposición ante inundaciones y 1.699, a movimientos en masa.

Falta de planificación responsable​

En diálogo con El Comercio, el especialista en análisis territorial del Cenepred, Vladimir Cuisano, explicó que el riesgo de desastres por inundaciones y huaicos se puede reducir en tanto haya un cumplimiento por parte de las autoridades y una concientización en la ciudadanía. Con respecto a los gobiernos regionales, municipios provinciales y alcaldías distritales, el funcionario indicó que estos tienen a su disposición la asesoría y los lineamientos diseñados por el Cenepred y por Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil), que son los dos brazos asesores del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Sinagerd).


“Nosotros brindamos asistencia técnica a los tres niveles de gobierno para que ellos puedan implementar sus diferentes instrumentos y los orientamos para que ellos puedan priorizar sus recursos en acciones. No somos ejecutores, sino asesores. Elaboramos instrumentos y elementos normativos para que, por ejemplo, los gobiernos regionales y locales implementen un plan de prevención”, precisó Cuisano.



De los 25 gobiernos regionales en el país, 4 no tienen aprobados planes de contingencia por lluvias intensas y fenómenos asociados. Además, de los 196 municipios provinciales y 1.694 distritales, 706 tampoco los tienen. Así lo comunicó a este Diario Lorena Bustamante, encargada de la Dirección de Preparación de Indeci.

“También está el problema de que, al cambio de gestión, las nuevas autoridades regionales y locales no saben que existe un plan de la gestión anterior. Ahí se dificulta la implementación de procedimientos a activar para la evacuación de personas cuando se presentan las inundaciones o huaicos. Nosotros monitoreamos [ese cumplimiento o incumplimiento] en la elaboración del plan. Lamentablemente, no todos lo tienen”, dijo.


El fenómeno de El Niño registrado entre fines de 1982 e inicios de 1983 afectó más de 200 mil viviendas. De acuerdo con Indeci, en ese evento fallecieron 512 personas. (Foto: Archivo El Comercio)
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En el 2018, la Presidencia del Consejo de Ministros, ente rector del Sinagerd, emitió la Resolución Nº 322, con la que se aprobó el “Plan de Contingencia Nacional ante lluvias intensas” y la disposición del Indeci para asistir de forma técnica a todas las entidades públicas en la elaboración de planes de contingencia sectoriales y regionales. En el plan nacional se detallan criterios sobre cómo determinar riesgos de desastres y espacios de vulnerabilidad, además de acciones de prevención y mitigación de daños. No obstante, como expresó Bustamante, el compromiso de las autoridades políticas con respecto a la normativa de gestión y respuesta no es total.

Por el lado ciudadano​

Sobre la acción de prevención de la ciudadanía, Vladimir Cuisano advierte que, si bien los gobiernos locales y regionales tienen un peso importante de la responsabilidad, la tarea finalmente involucra a todos los actores. Además, reiteró que el origen del problema recae en la falta de planificación y en la ocupación inadecuada de los espacios, lo cual no es necesariamente característico de un estrato social en particular.

“Cuando nosotros hablamos de gestión de riesgo de desastres (GRD), a veces asociamos eso a la falta de dinero y creemos que la gente que tiene mayor exposición ante los desastres naturales como El Niño es la que tiene menos recursos económicos. Puede haber una relación, pero no siempre, y lo hemos visto en Punta Hermosa [Lima], donde la forma de ocupación no es de bajos recursos, pero sí es inadecuada. El problema es la falta de sensibilización colectiva sobre el riesgo, y también hay una responsabilidad en las autoridades locales, que no priorizan la planificación del territorio. Recordemos que Lima y muchas ciudades del país, sino todas, han crecido a lo largo del tiempo, sin elementos de planificación”, señaló.



Evangelina Chamorro, una mujer de 32 años, se volvió en un símbolo de supervivencia durante el fenómeno de El Niño del 2017. Un huaico la había arrastrado entre viviendas destruidas y animales en el distrito de Punta Hermosa.
/ CHRISTIAN HIDALGO

Consultada sobre la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales para evacuar a las personas y del conocimiento de la ciudadanía sobre estas acciones, la funcionaria Lorena Bustamante reconoció la dificultad por parte del Estado para realizar este control.

“Efectivamente, es difícil controlar que, a nivel nacional, todos hayan implementado rutas de evacuación e identificado zonas seguras. Nosotros [Indeci] hacemos el monitoreo, pero la verdad es que, si los resultados salen de que todavía falta implementación, obviamente hay un problema. Lo que se trata de promover [desde Indeci y sus oficinas desconcentradas en las regiones] es también el esquema de actividades relacionadas a organizar a la población. La resiliencia compartida entre la población y sus autoridades es algo en lo que también estamos trabajando ahora. Con mayor razón en zonas de riesgo muy alto o que ya han pasado por una experiencia de desastre”, expresó.